La fuerte caída de la natalidad es consecuencia de políticas erróneas promovidas desde las distintas Administraciones con ese explicito propósito. La desaparición de la desgravación fiscal a la compra de vivienda, con la carestía artificial y bloqueo de la recalificacion de suelo disponible para vivienda cuando existe territorio abundante, ha impidido activamente la formación de nuevos hogares. La cuasi prohibición de facto o penalización para el sistema financiero desde las normas de Basilea III y IV para financiar la compra y urbanización de suelo urbanizable calificando el sector de “tóxico” desde 2008 ha impedido la construcción de nuevas viviendas. La execrable lentitud administrativa que con múltiples y cambiantes regulaciones con una inseguridad jurídica inasumible económicamente que hace que el desarrollo urbanístico dure varias décadas una actitud anti-social que se esconde tras el espeso manto de un supuesto interés general.
La fuerte reducción del poder adquisitivo de los salarios de los jóvenes y muy baja tasa de empleo y con una medición del IPC en base a ponderación arbitraria y sesgada que refleja la inflación real.
Que la vivienda el primer requisito para la formación de un hogar esté sometida a más de 35 impuestos en cascada cuando se trata un bien de primera necesidad en relación directa con la natalidad. Por la vía de los hechos se muestra que existe una claro interés en castigar económicamente a la creación de hogares y a la natalidad por parte de la Administración pese a la manifestación de lo contrario.